La democracia no se sostiene únicamente sobre el acto de votar. Se sostiene, sobre la confianza de los ciudadanos en que su voluntad en el voto será respetada y reflejada en los resultados electorales. Sin la confianza pública, incluso las instituciones más sólidas pueden ver debilitada su legitimidad y capacidad de gobernabilidad.
La Constitución del Perú reconoce esta importancia al establecer que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante el sufragio y otros mecanismos democráticos (Constitución Política del Perú, 1993, art. 31). Asimismo, dispone que el sistema electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios reflejen exactamente y oportunamente la voluntad del elector expresada en las urnas¹.
En el caso peruano, el proceso electoral posee importantes mecanismos de transparencia y control ciudadano. El voto continúa siendo físico y secreto; las cédulas son depositadas en ánforas y, concluida la jornada electoral, los miembros de mesa realizan el escrutinio manual de los votos en presencia de los personeros de las organizaciones políticas, quienes tienen la facultad de observar el conteo, formular observaciones y suscribir las actas correspondientes².
Posteriormente, las actas son trasladadas para su procesamiento y consolidación informática, permitiendo la difusión progresiva de los resultados oficiales. Este modelo híbrido, que combina procedimientos físicos, supervisión humana y procesamiento digital, constituye una de las principales fortalezas del sistema electoral peruano.
Sin embargo, reconocer las fortalezas institucionales no significa desconocer la existencia de riesgos. Desde la perspectiva de la gestión del riesgo y de la ciberseguridad, ningún sistema humano o tecnológico es completamente invulnerable. La verdadera fortaleza institucional reside en la capacidad para prevenir, detectar, corregir y "auditar" cualquier eventualidad que pudiera afectar la confianza ciudadana.
Los riesgos pueden presentarse en distintas etapas del proceso electoral. Durante el escrutinio pueden producirse errores involuntarios en el conteo o en el llenado de las actas; durante el traslado del material electoral puede verse comprometida la cadena de custodia; y durante la digitación y consolidación de resultados podrían presentarse errores operativos, problemas tecnológicos o intentos de acceso no autorizado a los sistemas informáticos³.
Precisamente por ello, el rol de los personeros adquiere especial importancia. Su presencia durante el escrutinio constituye uno de los principales mecanismos de fiscalización descentralizada y de control cruzado del proceso electoral. Del mismo modo, los miembros de mesa, funcionarios electorales, operadores de sistemas y personal técnico asumen una enorme responsabilidad pública al participar en la protección de la voluntad popular expresada en las urnas.
Desde la seguridad de la información, la protección de los sistemas electorales descansa sobre tres principios fundamentales: confidencialidad, integridad y disponibilidad, conocidos internacionalmente como la tríada CIA (Confidentiality, Integrity and Availability) (ISO, 2022). La confidencialidad garantiza que únicamente las personas autorizadas accedan a determinada información; la disponibilidad asegura que los sistemas se encuentren operativos cuando sean requeridos; mientras que la integridad busca garantizar que la información no sea alterada o modificada sin autorización.
En materia electoral, probablemente la integridad constituye el principio más importante, pues cualquier duda sobre la exactitud de los resultados puede afectar la legitimidad democrática y la estabilidad institucional.
Las experiencias internacionales muestran que las amenazas modernas no siempre buscan alterar directamente los votos. En numerosos casos, el objetivo principal consiste en debilitar la confianza ciudadana mediante campañas de desinformación, difusión de noticias falsas o manipulación de contenidos digitales.
Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2016 evidenciaron la importancia de proteger no solamente las infraestructuras tecnológicas, sino también el ecosistema informativo y la confianza pública⁴. Por su parte, Estonia, considerada una referencia mundial en gobierno digital y voto electrónico, ha demostrado que la tecnología puede fortalecer la democracia siempre que se encuentre acompañada de auditorías independientes, transparencia institucional y elevados niveles de confianza ciudadana (Vassil, 2015). Brasil, por su parte, complementa su sistema de votación electrónica con pruebas públicas de seguridad y mecanismos permanentes de auditoría y verificación técnica⁵.
Estas experiencias internacionales dejan una enseñanza común: la tecnología, por sí sola, no garantiza la legitimidad democrática.
La ética pública continúa siendo uno de los principales mecanismos de protección institucional. Ningún sistema informático puede reemplazar valores como la honestidad, la imparcialidad, el profesionalismo y el compromiso con el interés general. Como señalaba Weber (1922), la legitimidad constituye uno de los pilares fundamentales del ejercicio del poder político y de la estabilidad de las instituciones.
En el siglo XXI, proteger la democracia implica también proteger la información, los sistemas y la confianza ciudadana. La fortaleza de un proceso electoral no se encuentra únicamente en las urnas, las redes o los centros de datos, sino en la combinación equilibrada de instituciones sólidas, controles humanos, tecnología segura y comportamiento ético.
Porque la confianza electoral no constituye únicamente un resultado administrativo o tecnológico; representa uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se sostiene la convivencia democrática y el futuro de nuestras naciones.
Notas
¹ Constitución Política del Perú, artículo 176.
² La Ley Orgánica de Elecciones reconoce la participación de los personeros de las organizaciones políticas como parte de los mecanismos de transparencia y fiscalización del proceso electoral peruano.
³En ciberseguridad moderna, los sistemas se diseñan bajo el supuesto de que los incidentes son posibles, por lo que los esfuerzos se orientan a la prevención, detección, respuesta y recuperación.
⁴ Diversos informes de inteligencia estadounidenses concluyeron que existieron operaciones de influencia y campañas de desinformación dirigidas a afectar la confianza pública y profundizar la polarización política, independientemente del resultado electoral.
⁵ El Tribunal Superior Electoral de Brasil realiza periódicamente pruebas públicas de seguridad para identificar y corregir posibles vulnerabilidades del sistema electoral electrónico.
Referencias
Congreso Constituyente Democrático. (1993). Constitución Política del Perú. Diario Oficial El Peruano.
Congreso de la República del Perú. (1997). Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.º 26859. Diario Oficial El Peruano.
International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements.
Norris, P. (2014). Why electoral integrity matters. Cambridge University Press.
Vassil, K. (2015). Estonian e-government ecosystem: Foundation, applications, outcomes. World Development Report Background Paper.
Weber, M. (1922). Economy and society. University of California Press.
No hay comentarios:
Publicar un comentario